Cuando la seguridad y la defensa de una nación se define como Política de Estado, se le fijan los propósitos y metas, la estrategia y la táctica operativa, los planes y programas institucionales y, no importa cual sea el gobernante de turno, la política debe marchar adelante en el cumplimiento de sus postulados generales. No ocurre lo mismo cuando la seguridad y la defensa esta atada a las iniciativas de gobierno, porque cada gobernante buscará responder desde su propia concepción y, el establecimiento de sus prioridades de gobierno, a los retos y amenazas que pueda tener el Estado y la sociedad.
Es indiscutible que la política de seguridad democrática fue iniciativa del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez quien le apostó a enfrentar de manera frontal el conflicto armado, transformándolo en su caracterización a través de la definición del mismo como amenaza narcoterrorista, señalamiento que desconoce las raíces históricas y las causas estructurales del mismo. Todo su esfuerzo durante ocho años de gobierno se centró en el fortalecimiento de las fuerzas armadas y en la derrota militar de las FARC-EP. La institución militar quedo fortalecida y, con grandes necesidades presupuestales para mantener su efectividad y dar cumplimiento a sus obligaciones salariales, prestacionales y de seguridad social de cada uno de sus integrantes. El problema presupuestal es el talón de Aquiles de la política de seguridad democrática.
No obstante los avances que se obtuvieron durante el gobierno anterior y las exitosas operaciones que se realizaron, el conflicto sigue vivo, la guerra continúa y, no se ve a la vista interés real en encontrar un escenario para la solución política negociada, pese a la voluntad manifiesta de todos los actores al respecto.
Lo que si esta claro es que el escenario de guerra se ha transformado, la correlación de fuerzas ha variado y hoy son las fuerzas armadas las que llevan la iniciativa a través de una nueva estrategia de confrontación que les ha resultado exitosa: inteligencia (técnica y humana) en tierra, combate en aire (bombardeos y desembarcos operacionales). Esto unido a la coordinación institucional y operativa de las distintas fuerzas bajo un solo mando y los apoyos en materia de acompañamiento y asesoría militar norteamericana, les ha permitido avanzar en la obtención de publicitados resultados. Pero la victoria militar definitiva es esquiva y seguramente tendremos guerra para cincuenta años y más.
Las FARC-EP han sido el blanco del conjunto de las acciones de la política de seguridad democrática y de todos sus planes operativos, han sufrido sin la menor duda duros golpes que han disminuido considerablemente su capacidad de combate y diezmado parte importante de sus fuerzas, en un adelgazamiento forzado de su cuerpo de tropa de la obesidad de la que salió de los diálogos del Caguan. Bajas, capturas y deserciones han colocado a las FARC en unas nuevas condiciones en la confrontación que los ha obligado a replantear su estrategia de guerra, recogerse en el territorio, ajustar sus medidas de seguridad internas y externas, especializar sus efectivos, priorizar las armas y acciones de combate, hacer invisibles sus unidades guerrilleras, revisar su concepción de zonas de retaguardia estratégica y reconstruir sus relaciones con la población, entre otras reformulaciones que deben haber hecho a sus estrategia de guerra. Lo que es evidente es que las FARC no están al borde de la derrota, aun controlan parte importante del territorio en el sur oriente del país en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, donde la intensidad del conflicto parece no haber cedido. Igualmente en los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo sede del EMBO; en el nororiente del país hacen presencia en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Santander. Están en el Magdalena Medio, Sur de Bolívar y el bajo Cauca Antioqueño. Permanecen en el Meta y Casanare, en Antioquia…es decir, hacen presencia en gran parte del país con diferentes niveles de capacidad de confrontación y organización, exceptuando la costa norte y Cundinamarca donde fueron reducidos significativamente. Se estima que actualmente las FARC pueden tener entre 9 y 12 mil hombres armas. Pero tal vez lo que resulta más sorprendente es que la organización entiende los golpes como parte de las rutinas de la confrontación y sin bien los inquieta, no los preocupa porque tienen la idea que vendrán otros tiempos.
El ELN por su parte es una organización que desarrolla una modalidad de guerra centrada en la política y su fortaleza no esta en la relación hombres armas, ni en el conjunto de acciones militares que realiza, su proyección esta en lo social y en lo organizativo y eso tiene otras connotaciones, construye otras legitimidades, donde la debilidad o derrota esta determinada por otras variables y, obliga una estrategia de guerra que el Estado aun no ha diseñado y que se inscribe en un modelo de recuperación social y política del territorio, mas que militar. Mientras las FARC afrontaban la ofensiva institucional, el ELN estaba recibiendo todo el peso de la acción paramilitar y no precisamente en sus unidades de combate. Las estructuras del ELN no han recibido grandes golpes, igual que las FARC ha tenido bajas, captura y deserciones… pero se sostienen en zonas de operaciones tradicionales de Arauca, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Casanare, Algunas regiones de la costa, Antioquia, Risaralda, Choco y, en el sur occidente del país en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. El ELN puede tener en todo el país entre 3500 y 6000 hombres armas y, es de la idea que la lucha armada es el camino que debe seguir el país para resolver de manera definitiva sus conflictos.
Lo que algunos analistas llaman Bacrim y otros mas innovadores llaman Neoparamilitarismo se ha venido fortaleciendo en torno a 18 “razones sociales”( Rastrojos, Águilas Negras, Urabeños, Paisas…)que hacen presencia en distintas regiones del territorio, principalmente en las zonas de frontera, de cultivo de hoja de coca y producción de cocaína, de extracción minera y presencia de transnacionales, en las grandes y medianas ciudades… entre otras regiones de desarrollo estratégico, articuladas a todo tipo de practica criminal y de economía ilegal. No constituye este proceso un resurgir del paramilitarismo que como fenómeno no ha dejado de existir, sino de la violencia articulada a él, generada por el reactivamiento de sus bandas criminales en muchos casos en connivencia con las autoridades.
En el desarrollo de esta enrarecida y degrada guerra que padece el país, la atención debe volcarse hacia el espiral de la violencia que viene creciendo al interior de las ciudades, en la que la guerra de bandas en Medellín entre Valenciano y Sebastián, es solamente una muestra de lo que puede llegar a representar para la seguridad ciudadana el control de las ciudades por bandas criminales ante la incapacidad del Estado de defender a la ciudadanía por estar ocupado defendiéndose a si mismo.
Total a comienzos del gobierno del presidente Santos la situación no es sencilla, la guerra no esta como lo señalo cuando era ministro de defensa en el fin del fin y en el umbral de la victoria. Todavía queda mucho camino que recorrer y sobre todo, que madure en entendimiento la sociedad que un país que ha sido castigado en la agenda social, por mantener una guerra interminable, la única posibilidad de alcanzar una victoria colectiva y ponerle fin de manera permanente al conflicto, es haciendo lo que hacen todos países civilizados con sus conflictos armados cuando se hacen insostenibles: devolver la guerra al escenario de la política y encontrar allí la solución política negociada.
Carlos Medina Gallego
Docente Investigador
Universidad Nacional de Colombia
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